La Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo. Bajo este mandato constitucional y como transposición de la Directiva Europea 89/391/CEE, aparece la  Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), modificada y actualizada por la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. La LPRL, tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores, estableciendo como principios generales:

• La prevención de los riesgos profesionales.
• La eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo.
• La información, consulta, participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva.
• Ámbito de aplicación:
• A los trabajadores por cuenta ajena  OBLIGATORIO (asalariados)
• A los trabajadores por cuenta propia o autónomos (no obligatorio)

El empresario con respecto del personal a su servicio, deberá realizar una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, teniendo en cuenta:

• La naturaleza de la actividad
• Las características de los puestos de trabajo existentes y de los trabajadores que deban desempeñarlos
• La elección de los equipos de trabajo a utilizar
• Las sustancias o preparados químicos que puedan ser utilizados.
• Acondicionamiento de los lugares de trabajo, como es el espacio y la distribución de materiales.
• Otras actuaciones que se disponga en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad.

La evaluación será actualizada:

• Cuando cambien las condiciones de trabajo, por ejemplo al cambiar de puesto de trabajo, de equipos de trabajo o de sustancias químicas.
• Se revisará la evaluación, para un  puesto de trabajo, cuando se produzcan daños para la salud en el mismo.

Cuando los trabajadores estén o puedan estar expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el empresario, respecto del personal a su servicio, estará obligado a:

• Informar a los trabajadores.
• Adoptar las medidas necesarias para la evacuación del lugar si fuera necesario.

El trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de trabajo:

• En caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo grave e inminente para su vida o su salud.
• Si es acordado por mayoría de los miembros de los representantes legales de los trabajadores. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.
• Los trabajadores o sus representantes no podrán sufrir perjuicio alguno derivado de esta decisión.

• Es un deber del Empresario
• Sólo podrá llevarse a cabo con el consentimiento  del trabajador (salvo algunas excepciones).
• Los  datos obtenidos no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.
• Los resultados de la vigilancia serán comunicados  sólo a los trabajadores afectados.
• El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico que lleve a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores.
• El empresario y las personas con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva.